(Lima/27/SET/2013) Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión
de Justicia del Congreso, en su exposición
ante el II Congreso Nacional de Abogados, anunció que el dictamen de ley que establece la llamada “muerte
civil”, se debatirá el próximo jueves.
La norma creada
para los sentenciados de corrupción y terrorismo que no paguen la reparación civil
determina la apertura de un registro de deudores por este concepto, quienes
mientras no paguen, tendrán limitados algunos derechos en relación con el Estado.
De esta manera, no
podrán trabajar, ni contratar con el sector público, como personas naturales,
ni jurídicas; tampoco podrán ser autoridades electas, y se reportará su situación
a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), para que las centrales de
riesgo, tengan acceso a esa información y vean la calidad de pagador de estas
personas.
Durante la exposición
en el Colegio de Abogados, Eguren respondió a los críticos de esta norma, que
argumentan que se trata de una medida excesiva, que atenta contra el derecho al
trabajo y la reinserción social de un condenado.
Precisando el
titular de la Comisiòn de Justicia, que el Estado solo representa el 20 por
ciento de la actividad económica del país; así que los morosos pueden trabajar
en el 80 por ciento del sector privado.
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